Consumo informado en la moda contemporánea: cuando la ética exige mirar más allá del precio
La industria global de la moda se ha consolidado como uno de los sectores económicos más influyentes del siglo XXI, pero también como uno de los más problemáticos en términos de justicia social y derechos humanos. Las cifras disponibles, provenientes de organismos internacionales, revelan una estructura productiva sostenida en gran medida por la vulnerabilidad de millones de personas. UNICEF estima que 160 millones de niños se encuentran actualmente en situación de trabajo infantil, una cifra que representa el retroceso más significativo en dos décadas. Una proporción considerable de estos menores participa en actividades vinculadas a la cadena textil: cultivo de algodón, procesos de hilado, manufactura artesanal y tareas de acabado que requieren precisión manual. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte, además, que uno de cada diez niños en el mundo trabaja en condiciones que comprometen su salud, su educación y su desarrollo integral, lo que evidencia la profundidad estructural del problema.
La situación de las mujeres dentro de la industria no es menos alarmante. De acuerdo con el Georgetown Journal of Gender and the Law (2024), entre el 80% y el 85% de los 60 millones de trabajadores de la confección son mujeres, lo que equivale a cerca de 48 millones de trabajadoras. La mayoría enfrenta salarios insuficientes, jornadas extenuantes y entornos laborales marcados por la precarización y la violencia de género. Solo el 2% de estas mujeres percibe un salario que cubre sus necesidades básicas, una cifra que revela la asimetría entre el valor económico que genera la industria y la retribución que reciben quienes la sostienen. La ONU, por su parte, ha documentado que las mujeres en sectores de manufactura intensiva —incluida la moda— están expuestas de manera desproporcionada a prácticas de explotación debido a la informalidad, la ausencia de protección social y la falta de mecanismos efectivos de denuncia.
A este panorama se suma la persistencia del trabajo forzado. Según estimaciones conjuntas de la OIT y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 25 millones de personas viven bajo condiciones de trabajo forzoso a nivel mundial. La moda, especialmente en su modalidad de producción acelerada y de bajo costo, figura entre los sectores con mayor riesgo de prácticas coercitivas. Estas cifras no solo describen un problema sistémico; revelan una cadena de valor que, en muchos casos, se sostiene sobre la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
Sin embargo, es fundamental evitar conclusiones simplistas. No todos los precios bajos son sinónimo de explotación, así como los precios elevados no garantizan prácticas éticas ni transparencia. La relación entre costo y justicia social es compleja y requiere una mirada crítica que vaya más allá de la intuición o del marketing. La pregunta central no debería ser únicamente cuánto cuesta una prenda, sino qué estructura productiva sostiene ese precio. En este sentido, el consumidor adquiere un rol determinante, no como espectador pasivo, sino como agente con capacidad de incidir en la transformación del sistema.
Es aquí donde emergen las preguntas incómodas, pero necesarias:
¿Qué hay detrás de las estrategias de bajo costo permanente?
¿Qué implica que una prenda cueste menos que un café?
¿Qué garantías reales ofrece una prenda costosa respecto a la dignidad de quienes la confeccionaron?
¿Qué certificaciones, auditorías o mecanismos de trazabilidad respaldan la narrativa ética de una marca?
Estas interrogantes invitan a un ejercicio de responsabilidad intelectual y moral. El consumo informado exige investigar el origen de las prendas, examinar si la marca publica información verificable sobre sus proveedores, revisar si cuenta con certificaciones confiables —como Fair Trade, SA8000, OEKO-TEX o B Corp— y evaluar si existe un compromiso explícito con la erradicación del trabajo infantil y la protección de las mujeres en la cadena productiva. La transparencia no puede asumirse; debe verificarse.
La moda ética no es una tendencia pasajera ni un gesto superficial. Es una postura que reconoce que cada decisión de compra tiene consecuencias materiales sobre la vida de otras personas. La transformación de la industria no depende únicamente de regulaciones internacionales o de iniciativas corporativas; depende, en gran medida, de consumidores que se rehúsan a perpetuar dinámicas de explotación mediante la indiferencia o la comodidad. Elegir con criterio, cuestionar las narrativas comerciales y exigir coherencia entre el discurso y la práctica son actos profundamente políticos.
En última instancia, la pregunta más contundente es también la más reveladora:
¿Qué tipo de mundo estás financiando cada vez que eliges una prenda?
Responderla con honestidad implica asumir que la ética no reside en el precio, sino en la voluntad de investigar, discernir y actuar con responsabilidad. Solo así será posible construir una moda que no comprometa la dignidad humana en ninguna de sus etapas.
